Ecuador se encuentra en un limbo constitucional de impredecibles consecuencias debido a una cadena de represalias políticas entre el Parlamento y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), enfrentados por la consulta popular para una Asamblea Constituyente.

Todo originado en el hecho de que los 57 diputados destituidos el miércoles por el TSE no serán remplazados por sus suplentes (como lo dispone la ley), según anunciaron los partidos afectados.

En consecuencia, los 43 diputados que respaldan la convocatoria de la Constituyente no pudieron sesionar ayer por falta de quórum -en un parlamento de 100 curules, se requiere la mitad más uno (51) para trabajar-; y ayer solo se presentaron 28.

Pero el choque de trenes no termina ahí. Ayer, el Tribunal Constitucional (TC), máxima instancia en asuntos relacionados con la Carta Magna en el país, aceptó tramitar la demanda por inconstitucionalidad contra la convocatoria a la consulta popular. El recurso fue interpuesto por varios diputados de oposición.

El tramite podría tardar 45 días para un pronunciamiento, pero el presidente Correa se anticipó a declarar que el Ejecutivo no reconocerá ninguna resolución que entorpezca un proceso electoral en marcha: "No permitiré que se obstruya el derecho del pueblo a manifestarse a favor de una Asamblea Constituyente que reforme el Estado".

El mandatario cuestiona la conformación del TC, integrado por vocales designados por los congresistas, y que pertenecen a los mismos partidos que conforman la mayoría de oposición.

El lío político empezó el martes cuando Jorge Acosta, presidente del TSE, fue destituido por el Congreso por darle paso a la consulta popular.

La reacción no se hizo esperar y el TSE decidió destituir a los 52 legisladores y a otros cinco que iniciaron un juicio político a cuatro vocales del organismo electoral por haber dado paso a la consulta con un estatuto que no fue conocido por el Congreso y que en su redacción establecía la posibilidad de dejar cesantes a los diputados que apenas asumieron el 5 de enero pasado.

El presidente Correa apoyó la decisión del TSE, y la fuerza pública, con alrededor de 400 hombres, impidió ayer a los destituidos ingresar al Palacio Legislativo.

Ante este panorama el único que parece haber quedado como ganador es Correa, que recibió el apoyo masivo de organizaciones sociales indígenas alineadas con la tesis de la realización de la Asamblea Constituyente con plenos poderes.

"Las mafias políticas se equivocaron cuando creyeron que en el Congreso iban a hacer lo que les diera la gana, se acabaron los impostores y los farsantes, vamos a la Asamblea Constituyente.

Están vencidos, hagan lo que hagan la consulta es irreversible y la asamblea también. Pronto tendremos una patria altiva y soberana", dijo el mandatario desde un balcón del Palacio de Gobierno donde agradeció el respaldo de las organizaciones sociales.

Decisión salomónica
Para salir de la crisis, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, propuso que el Congreso deje sin efecto la resolución en que sustituyó al presidente del TSE, y a su vez el organismo electoral invalide su decisión de destituir a los 57 legisladores: "Si se han cometido excesos de parte y parte, los excesos tienen que desaparecer de parte".

Cevallos, que se mantiene en funciones por no haber participado en la destitución de Acosta, convocó a los diputados para una nueva sesión el próximo martes y anunció que en estos días "intentará abrir un diálogo entre los partidos" para resolver el impasse y defender la institucionalidad del Parlamento que parecería estar inmerso en un limbo constitucional.

Para los dirigentes de los partidos políticos, aceptar la destitución de los congresistas y poner en su lugar a sus suplentes "sería aceptar la decisión ilegal del TSE".

Un limbo que para el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, Adrián Bonilla, tiene como gran perdedor al Congreso.  "De momento, el Parlamento no ha sido disuelto. El problema está en que hoy no se sabe cómo está constituido, si por los destituidos o por los suplentes y la única forma de resolver este asunto es con decisiones políticas y no jurídicas".

Por su parte, el analista guayaquileño Luis Arzube comentó que "el país va directamente a la ruptura del Estado de derecho y a una grave crisis económica, pues jamás el Ecuador había dado tantas muestras de inestabilidad e inseguridad".

Mientras, los diputados destituidos sesionaron en un hotel de Quito donde se produjeron enfrentamientos con manifestantes gobiernistas.

Los afectados anunciaron demandas ante organismos internacionales como la OEA "por el rompimiento de la Carta Democrática"  El diputado Carlos Larreátegui enfatizó que Ecuador está "frente a una dictadura", y la parlamentaria Silka Sánchez aseguró que no aceptarán la decisión de "un aprendiz de dictador", al referirse a Correa.

Pero Bonilla considera que una demanda internacional como la propuesta por los diputados depuestos es difícil de argumentar porque no fueron destituidos por el gobierno y por lo tanto no existe un sustento para que se hable de un gobierno de facto o una dictadura.

MAGGY AYALA SAMANIEGO
PARA EL TIEMPO
DESDE QUITO

(Tomado de El Tiempo)