Aunque el documento señala que el gobierno del presidente Álvaro Uribe ha hecho progresos en el combate contra la violación de estos derechos, también sostiene que éste ha fallado al ignorar posibles conexiones entre las fuerzas de seguridad y grupos armados ilegales.

El gobierno colombiano respondió afirmando que toma las matanzas extra-judiciales con la mayor seriedad y que persigue a los responsables.

A diferencia de otros años en los que la oficina del Alto Comisionado criticaba duramente la falta de acción oficial -lo que le valía la indignación de los funcionarios locales- esta vez elogió "el mayor compromiso" de las autoridades para investigar los abusos.

"Mala interpretación"

Según publica el diario colombiano El Tiempo en su versión digital, las críticas provinieron ahora de organizaciones defensoras de los derechos humanos que calificaron de complaciente el documento de la ONU.

Con respecto al ejército, el informe señaló que "los homicidios con carácter de ejecución extra-judicial no parecen constituir hechos aislados, sino conductas que tienden a generalizarse."

También mencionó que en muchos casos el ejército hace pasar a sus víctimas civiles como miembros de grupos guerrilleros dados de baja en combate.

Durante una rueda de prensa de este jueves, Juan Pablo Corlazzoli, de la misión de la ONU en Colombia, atribuyó el "leve incremento" de este tipo de homicidios a una interpretación equivocada de la política de seguridad del presidente Uribe y a la presión de los altos mandos sobre los soldados para que capturen guerrilleros.