Sin que se diera discusión alguna, el Congreso de la República, le dio ayer la primera aprobación a la estrategia de desarrollo del país para el segundo gobierno de Uribe.

Es más, el informe o ponencia de los congresistas fue presentado a ‘toda carrera’ solo hace dos días, con el argumento de que si no era aprobado este viernes, el gobierno lo expediría por decreto.
Ahora el plan de desarrollo deberá ir a estudio de las plenarias de las cámaras legislativas.

El trámite del importante proyecto en el Congreso se redujo a la mecánica política, pues como se ha vuelto costumbre, los textos de las 'peticiones' de los parlamentarios fueron discutidos y avalados por el Gobierno en reuniones privadas que se prolongaron hasta la madrugada de ayer. Se estima que en la noche del miércoles se le introdujeron 300 modificaciones, que luego fueron reducidas por pedido del ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga.

Al menos cincuenta artículos nuevos y variaciones de los ya existentes, figura comúnmente denominada "micos" de última hora, fueron aprobados ayer por las comisiones económicas del Congreso en el proyecto de desarrollo que regirá en el país hasta el año 2010. La aprobación se produjo después de un intenso forcejeo de propuestas, que llegó al inverosímil número de 400, entre funcionarios del Gobierno y los parlamentarios.

Las propuestas aprobadas tienen que ver con temas tan disímiles como consecución de recursos para atender infraestructura en carreteras, puentes, construcción de aulas escolares y recursos para la salud, hasta asuntos relacionados con el mantenimiento de los bienes incautados a las mafias, la construcción de una nueva sede para el Congreso y un impuesto adicional de 20 dólares para los colombianos que salen del país.

Uno de los más polémicos, sin embargo, es el que tiene que ver con el el destaponamiento de los gastos de la nómina de todas las entidades públicas. Con el respaldo del Gobierno, y en vísperas de las elecciones de gobernadores y alcaldes, el Congreso desmontó el artículo 92 de la ley 617 de 2000. Según la norma desmontada, los gastos de personal ‘no podrán crecer en términos reales.

Las comisiones económicas aprobaron que “para dar cumplimiento al presente Plan de Desarrollo, durante su vigencia se exceptúa la aplicación del artículo 92 de la Ley 617 de 2000”. En síntesis, a partir de la vigencia de esta ley, los gastos de personal de las entidades públicas tendrán carta blanca para crecer sin límite alguno.

Otra de las normas aprobadas tiene que ver con el hecho de que el Consejo Nacional Electoral será considerado “Unidad ejecutora especial” en materia de presupuesto.

Otro de los puntos aprobados en el Plan de Desarrollo se relaciona con el dinero para los desmovilizados. La ordenación del gasto se podrá hacer de manera mucho más flexible por los directivos de los respectivos programas. Habrá dos nuevas subcuentas denominadas “Programas para la desmovilización” y “Programas de reincorporación a la vida civil”.

Los acuerdos de última hora entre el Gobierno y los parlamentarios incluyen también los recursos destinados a los programas alimentarios de la tercera edad. Podrán ejecutarse directamente por el Instituto de Bienestar Familiar en sus diversas sedes.

El Congreso, además, autorizó de manera expresa al Gobierno nacional para hacer las operaciones presupuestales “a que haya lugar” en el Fondo Nacional de Regalías para distribuir los recursos que dejen descubiertos las entidades territoriales beneficiarias. En plata blanca, significa que cuando un alcalde no presente proyectos específicos para hacer uso de los dineros del Fondo, el Gobierno dispondrá de ellos para financiar infraestructura en agua potable, saneamiento básico, carreteras, medio ambiente y sistemas de distribución de la energía.

Además, Los recursos destinados por la Nación, los departamentos, los distritos, municipios y las autoridades ambientales al sector de agua potable y saneamiento básico, “podrán ser girados a cuentas conjuntas, negocios fiduciarios y, en general, a cualquier mecanismo de administración de recursos”.

Otros artículos aprobados tienen que ver con el plan de recuperación de la Sierra Nevada de Santa Marta, región de la que son oriundos varios parlamentarios hoy detenidos por el proceso de la parapolítica.

Se abre también una subcuenta denominada “Restauración de daño ambiental” que se destinará “exclusivamente a la financiación de proyectos de inversión y obras de recuperación, rehabilitación y restauración de ecosistemas o áreas afectadas por contaminación o daños ambientales”.

El proyecto creó también una nueva contribución a favor de los municipios donde se ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional. Quien preste ese servicio, pagará 0.23% de un salario mínimo mensual por cada tonelada dispuesta. Esta contribución la pagará el usuario final, mediante reglamentación que expida la Comisión de Regulación de Agua.

Pero además, el Plan de Desarrollo pone un techo a los subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. "En ningún caso serán superiores al setenta por ciento del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento para el estrato 2 y quince por ciento para el estrato 3".

El Gobierno atendió de manera especial las peticiones de los parlamentarios en relación con agua potable, que según se supo en el Congreso fue una de las condiciones para facilitar la aprobación en primer debate de este proyecto.

La nueva ley creará, además, una nueva contribución. Será del 1.5 por ciento sobre el capital y lo pagarán las empresas de seguridad privada. El beneficiario es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

El proyecto contiene otra contribución. Los colombianos pagarán un peso por kilovatio hora consumido de energía eléctrica para financiar el programa de normalización de redes.

Así, con nuevas contribuciones y mayor flexibilidad en la distribución de recursos, terminaba de ser aprobado anoche por las comisiones económicas, que en términos prácticos constituyen medio Congreso, el Plan de Desarrollo que será la carta de navegación del segundo mandato del Presidente Alvaro Uribe.

La defensa del plan por parte del gobierno estuvo a cargo del ministro Zuluaga y la jefe de Planeación Nacional, Carolina Rentería, quienes debieron enfrentar la avalancha de ‘peticiones’ de los parlamentarios.

El impacto sobre el gasto oficial de las reformas al plan de inversiones del cuatrienio está por verse.

• EL DEBUT DE ZULUAGA

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, represemntó al gobierno en el Congreso en el trpamite del Plan 2007-2010 Estado Comunitario, desarrollo para todos”. Con una gran calma, manejó las relaciones con los parlamentarios, pero los resultados de su esfuerzo está por verse, porque al no existir discusión sobre el fondo del plan, el asunto se redujo a atajar o permitir la inclusión de los ‘micos’ parlamentarios.

Al final dijo no avalar dos artículos: la creación de costos complementarios al Soat y al establecimiento de un gravamen adicional de 20 dólares (unos 45.000 pesos) para los colombianos que salgan del país.