Fiscalía detiene a ex general Iván Ramírez por Palacio de Justicia
El general retirado fue capturado en Bogotá por su presunta participación en la violación de los derechos humanos durante la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Concretamente, la Fiscalía cree que puede ser responsable de la desaparición de un grupo de guerrilleros y civiles que salieron con vida de la edificación durante la toma realizada por el M-19.
Los familiares de los desaparecidos habían denunciado en marzo pasado las maniobras de Ramírez para demorar y desviar la investigación judicial, tal como informa hoy El Espectador.
Ramírez es el oficial de más alto rango involucrado por la justicia colombiana en la desaparición de personas durante la cruenta toma guerrillera.
Por otra parte, un elemento que pesa en este momento en la investigación es la aparición de la transcripción de una cinta que data de 1985 donde se relata la forma como los desaparecidos fueron secuestrados, torturados y asesinados por integrantes de las fuerzas militares colombianas. Apartes del documento fueron divulgadas el pasado domingo por el diario El Tiempo, cuyo contenido transcribimos a continuación teniendo en cuenta su importancia:
Los familiares de los desaparecidos habían denunciado en marzo pasado las maniobras de Ramírez para demorar y desviar la investigación judicial, tal como informa hoy El Espectador.
René Guarín, que representa a familiares de los desaparecidos, dijo entonces que el “general (retirado) Iván Ramírez Quintero está llevando a cabo maniobras truculentas para evadir la justicia”. Ramírez era el comandante de la unidad de inteligencia y contrainteligencia del Ejército cuando ocurrió la toma de la sede judicial por un comando guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), en noviembre de 1985.
Según Guarín, en la primera indagatoria de Ramírez ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema en febrero pasado, el general retirado se presentó sin abogado, lo que provocó que la diligencia fuese aplazada, pero a ese otro interrogatorio, el martes pasado, el oficial se presentó con un abogado de otro ex oficial, quien también es investigado por los hechos de 1985.
Por las leyes, esa incompatibilidad de la defensa, o que dos ex militares tengan un mismo abogado, impiden el interrogatorio, según precisó Guarín. El delito de “desaparición forzada” por el cual es investigado el general retirado no prescribe en Colombia, que lo pena con mínimo 20 años de cárcel.
Cristina Guarín Cortes, hermana de René, es una las once personas dadas por desaparecidas en los hechos de hace 23 años. Cristina trabajaba en la cafetería del Palacio, del que salió viva según imágenes de la época de televisión, pero más tarde no fue vuelta a ver, según su hermano.
Según Guarín, en la primera indagatoria de Ramírez ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema en febrero pasado, el general retirado se presentó sin abogado, lo que provocó que la diligencia fuese aplazada, pero a ese otro interrogatorio, el martes pasado, el oficial se presentó con un abogado de otro ex oficial, quien también es investigado por los hechos de 1985.
Por las leyes, esa incompatibilidad de la defensa, o que dos ex militares tengan un mismo abogado, impiden el interrogatorio, según precisó Guarín. El delito de “desaparición forzada” por el cual es investigado el general retirado no prescribe en Colombia, que lo pena con mínimo 20 años de cárcel.
Cristina Guarín Cortes, hermana de René, es una las once personas dadas por desaparecidas en los hechos de hace 23 años. Cristina trabajaba en la cafetería del Palacio, del que salió viva según imágenes de la época de televisión, pero más tarde no fue vuelta a ver, según su hermano.
Ramírez es el oficial de más alto rango involucrado por la justicia colombiana en la desaparición de personas durante la cruenta toma guerrillera.
Por otra parte, un elemento que pesa en este momento en la investigación es la aparición de la transcripción de una cinta que data de 1985 donde se relata la forma como los desaparecidos fueron secuestrados, torturados y asesinados por integrantes de las fuerzas militares colombianas. Apartes del documento fueron divulgadas el pasado domingo por el diario El Tiempo, cuyo contenido transcribimos a continuación teniendo en cuenta su importancia:
En el baño de un restaurante de la calle 34 con carrera 13, centro de Bogotá, un grupo de agentes del B2 del Ejército dejó abandonado, a finales de noviembre de 1985, un casete en el que revelan el paradero de al menos 12 sobrevivientes de la toma al Palacio de Justicia, por parte de un escuadrón del M-19, ocurrida hacía tan solo unos días.
En ella, dan los nombres de varios guerrilleros y civiles llevados a la Escuela de Caballería y cuentan cómo fueron torturados y asesinados: "Uno de ellos (guerrillero) fue sacado, golpeado en la parte baja de los riñones y ahogado en los bebederos de los caballos", dicen.
Alguien se encargó de llamar a la Procuraduría para pedir que la cinta fuera recogida y, luego de eso, tan solo un puñado de investigadores -entre ellos Carlos Arturo Guana Aguirre, asesor de la Procuraduría- tuvo acceso a ella antes de que fuera guardada en una caja fuerte del Tribunal Especial de Instrucción Criminal.
Pero cuando el expediente fue reabierto, en agosto del 2006, por decisión del fiscal general, Mario Iguarán, el casete, al igual que otros documentos, se había esfumado.
La desaparición de la cinta es mencionada en el reciente libro del periodista Germán Castro Caycedo, El Palacio sin máscara, cuando recoge el testimonio de René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas: "El casete fue recuperado por un abogado de la Procuraduría de apellido Guana (...) El doctor notificó que había desaparecido (...).
No obstante, una trascripción fiel de la grabación fue hallada y aún podría ser incluida en los procesos que se les siguen a varios militares (r) por estos hechos.
EL TIEMPO estableció que la juez Miriam González Preciado ordenó hace 21 años transcribir el contenido de la cinta y una copia fiel (a máquina) ya fue allegada al proceso.
Una docena de sobrevivientes
Su contenido es aterrador. Los militares aseguran que doce o trece personas fueron conducidas a la Escuela de Caballería y a la Brigada de Institutos Militares y que ese sábado (tres días después de la toma) las alcanzaron a ver con vida en las celdas del lugar.
"Eran cuatro hombres (...) decían que eran los administradores, meseros y cocineros de la cafetería. Otros tres, entre ellos una mujer, fueron identificados como terroristas. Y a otros cuatro se les imputó que habían introducido armas, bombas y munición".
Los uniformados dicen que aunque los civiles negaron las acusaciones, se les dio el mismo trato que a los guerrilleros. Y antes de narrar las torturas a las que fueron sometidos, dicen que pudieron reconstruir los nombres y apellidos de algunos de ellos.
"David Celis, Jaime Beltrán, Hernando Fernández y Carlos Rodríguez (...) Había otras tres mujeres detenidas en otra instalación militar que correspondían a los nombres de Luz Marina o Luz María o Luz Mery Puerta; Nohora Esguerra y Rosa o Margarita Castro. No las vimos pero supimos por otros colegas que estaban siendo sometidas a fuertes interrogatorios".
Seis de estos nombres coinciden total o parcialmente con la lista de desaparecidos: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspez Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Lizarazu Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Esguerra y Gloria Anzola de Lanao.
En la grabación se narra que uno de los guerrilleros cedió a las torturas y suministró la dirección del lugar donde se gestó el operativo: "Era la calle sexta sur con carrera octava en el barrio Calvo Sur, donde tenían su caleta, donde tenían su guarida".
En otro de los apartes de la cinta se dice que por orden del coronel Alfonso Plazas Vega se intentó forzar a un guerrillero a firmar un papel en el que constaba que había recibido tres millones de pesos del narcotráfico para la compra de armamento: "A pesar de estar amarrado, contestó en forma grosera a mi capitán que lo estaba interrogando y por eso fue sacado y yo pienso que hasta ahí llegó su vida".
Uso de ácido
En la cinta se asevera que las unidades del Bince, del Batallón de Inteligencia y de Contrainteligencia Charry Solano y unidades de más confianza del B2, eran los encargados de las torturas.
Además de los golpes y el ahogamiento, los oficiales dicen que se habló de "introducir los cuerpos dentro de una caneca con ácido sulfúrico, para que no quedara rastro".
El contenido de la transcripción de la cinta coincide con el testimonio de Ricardo Gámez -un ex informante del Ejército- registrado en un video fechado el 9 de diciembre del 2006. En su momento, varios oficiales desestimaron su crudo relato. Pero hoy cobra total vigencia.
"La cinta desapareció del expediente pero su trascripción -ordenada por una juez- se preservó. En ella, un militar da los nombres de las personas que salieron con vida".
Dice un informe judicial sobre el hallazgo del documento.
Así va el proceso
En los próximos días, la Fiscalía General le resolverá la situación jurídica al general (r) Iván Ramírez, entonces comandante de Inteligencia y contrainteligencia del Ejército, quien asegura no tener ningún tipo de responsabilidad en la desaparición de los sobrevivientes de la retoma al Palacio de Justicia.
La segunda semana de junio se llevará a cabo la primera audiencia de juicio al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, acusado de tortura sicológica y desaparición forzada. El oficial (r) insiste en que en la retoma al Palacio no hubo desaparecidos y que todo es un montaje extraordinario en su contra: "Los familiares están siendo manipulados, pues el Tribunal Especial de Instrucción que investigó los hechos dijo que estaban muertos en el cuarto piso del Palacio: asesinados por el M-19".
Hace 12 días fueron vinculados a la investigación el mayor Fernando Blanco Gómez, entonces segundo a cargo de la Brigada de Inteligencia Charry Solano; Rafael Ángel Martínez, capitán (r); y Gustavo Arévalo Moreno, entonces sargento mayor.
UNIDAD INVESTIGATIVA - El Tiempo
En ella, dan los nombres de varios guerrilleros y civiles llevados a la Escuela de Caballería y cuentan cómo fueron torturados y asesinados: "Uno de ellos (guerrillero) fue sacado, golpeado en la parte baja de los riñones y ahogado en los bebederos de los caballos", dicen.
Alguien se encargó de llamar a la Procuraduría para pedir que la cinta fuera recogida y, luego de eso, tan solo un puñado de investigadores -entre ellos Carlos Arturo Guana Aguirre, asesor de la Procuraduría- tuvo acceso a ella antes de que fuera guardada en una caja fuerte del Tribunal Especial de Instrucción Criminal.
Pero cuando el expediente fue reabierto, en agosto del 2006, por decisión del fiscal general, Mario Iguarán, el casete, al igual que otros documentos, se había esfumado.
La desaparición de la cinta es mencionada en el reciente libro del periodista Germán Castro Caycedo, El Palacio sin máscara, cuando recoge el testimonio de René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas: "El casete fue recuperado por un abogado de la Procuraduría de apellido Guana (...) El doctor notificó que había desaparecido (...).
No obstante, una trascripción fiel de la grabación fue hallada y aún podría ser incluida en los procesos que se les siguen a varios militares (r) por estos hechos.
EL TIEMPO estableció que la juez Miriam González Preciado ordenó hace 21 años transcribir el contenido de la cinta y una copia fiel (a máquina) ya fue allegada al proceso.
Una docena de sobrevivientes
Su contenido es aterrador. Los militares aseguran que doce o trece personas fueron conducidas a la Escuela de Caballería y a la Brigada de Institutos Militares y que ese sábado (tres días después de la toma) las alcanzaron a ver con vida en las celdas del lugar.
"Eran cuatro hombres (...) decían que eran los administradores, meseros y cocineros de la cafetería. Otros tres, entre ellos una mujer, fueron identificados como terroristas. Y a otros cuatro se les imputó que habían introducido armas, bombas y munición".
Los uniformados dicen que aunque los civiles negaron las acusaciones, se les dio el mismo trato que a los guerrilleros. Y antes de narrar las torturas a las que fueron sometidos, dicen que pudieron reconstruir los nombres y apellidos de algunos de ellos.
"David Celis, Jaime Beltrán, Hernando Fernández y Carlos Rodríguez (...) Había otras tres mujeres detenidas en otra instalación militar que correspondían a los nombres de Luz Marina o Luz María o Luz Mery Puerta; Nohora Esguerra y Rosa o Margarita Castro. No las vimos pero supimos por otros colegas que estaban siendo sometidas a fuertes interrogatorios".
Seis de estos nombres coinciden total o parcialmente con la lista de desaparecidos: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspez Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Lizarazu Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Esguerra y Gloria Anzola de Lanao.
En la grabación se narra que uno de los guerrilleros cedió a las torturas y suministró la dirección del lugar donde se gestó el operativo: "Era la calle sexta sur con carrera octava en el barrio Calvo Sur, donde tenían su caleta, donde tenían su guarida".
En otro de los apartes de la cinta se dice que por orden del coronel Alfonso Plazas Vega se intentó forzar a un guerrillero a firmar un papel en el que constaba que había recibido tres millones de pesos del narcotráfico para la compra de armamento: "A pesar de estar amarrado, contestó en forma grosera a mi capitán que lo estaba interrogando y por eso fue sacado y yo pienso que hasta ahí llegó su vida".
Uso de ácido
En la cinta se asevera que las unidades del Bince, del Batallón de Inteligencia y de Contrainteligencia Charry Solano y unidades de más confianza del B2, eran los encargados de las torturas.
Además de los golpes y el ahogamiento, los oficiales dicen que se habló de "introducir los cuerpos dentro de una caneca con ácido sulfúrico, para que no quedara rastro".
El contenido de la transcripción de la cinta coincide con el testimonio de Ricardo Gámez -un ex informante del Ejército- registrado en un video fechado el 9 de diciembre del 2006. En su momento, varios oficiales desestimaron su crudo relato. Pero hoy cobra total vigencia.
"La cinta desapareció del expediente pero su trascripción -ordenada por una juez- se preservó. En ella, un militar da los nombres de las personas que salieron con vida".
Dice un informe judicial sobre el hallazgo del documento.
Así va el proceso
En los próximos días, la Fiscalía General le resolverá la situación jurídica al general (r) Iván Ramírez, entonces comandante de Inteligencia y contrainteligencia del Ejército, quien asegura no tener ningún tipo de responsabilidad en la desaparición de los sobrevivientes de la retoma al Palacio de Justicia.
La segunda semana de junio se llevará a cabo la primera audiencia de juicio al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, acusado de tortura sicológica y desaparición forzada. El oficial (r) insiste en que en la retoma al Palacio no hubo desaparecidos y que todo es un montaje extraordinario en su contra: "Los familiares están siendo manipulados, pues el Tribunal Especial de Instrucción que investigó los hechos dijo que estaban muertos en el cuarto piso del Palacio: asesinados por el M-19".
Hace 12 días fueron vinculados a la investigación el mayor Fernando Blanco Gómez, entonces segundo a cargo de la Brigada de Inteligencia Charry Solano; Rafael Ángel Martínez, capitán (r); y Gustavo Arévalo Moreno, entonces sargento mayor.
UNIDAD INVESTIGATIVA - El Tiempo
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