(PDA - Jaime Caycedo) Según la propaganda gubernamental, la aplicación de la ley 975 de justicia y paz, el encarcelamiento de un grupo de jefes narco paramilitares e, incluso, la extradición de varios de ellos, comprobarían la eficacia de la seguridad democrática y del clima de paz y tranquilidad que reina en el país. La información oficial tiende a dar cuenta de la desaparición del fenómeno paramilitar y de una supuesta fase actual de “post conflicto”.

Desde el Concejo de Bogotá se ha dado inicio a un debate sobre lo que podríamos llamar el examen de un estado del arte en torno a la incidencia o no del tema paramilitar en las denuncias sobre inseguridad y vulnerabilidad en derechos fundamentales [1]. La preocupación ha surgido de la realización de tres (3) debates en el curso del primer semestre del año, alrededor de la inseguridad, sin que en ninguno de los cuales el tema del paramilitarismo haya tenido significación alguna. Esta invisibilización abarca los tratamientos violentos y crueles por parte de la fuerza pública, especialmente el Esmad, en los conflictos sociales (estudiantiles, pensionados, protestas por medidas estatales, desfiles del Polo Democrático Alternativo del 1 de mayo, etc.) que denotan graves sesgos en el manejo de situaciones que podrían resolverse por caminos de diálogo preventivo y acuerdos entre los diversos sectores involucrados. La razón que hermana temas como los anteriormente enunciados, es la hipótesis de que existe una superposición de conceptos de manejo militar y de guerra en la conflictividad social.

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