(Cambio) "A ese que cogimos el otro día allá abajo, no lo cogimos por satélite sino gracias a información humana", dijo el presidente Álvaro Uribe durante un consejo comunitario el 25 de marzo de este año en Popayán, en alusión directa a la muerte de 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano. Le sirvió de preámbulo para autorizar a los mandos del Ejército y la Policía del Cauca a ofrecer recompensas por información sobre los invasores de tierras aquí en el departamento. "Así, esos delincuentes terminarán rotos y disgregados, se acusarán unos a otros y podremos capturarlos", señaló Uribe.

Acto seguido, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias tomó la palabra y dijo: "Nuestra consigna debe ser: predio que sea invadido, predio que no será comprado ni entregado a los indígenas". Uribe acogió la idea y aprovechó la presencia de una fiscal para preguntarle si la invasión de tierras era un delito excarcelable. "Sí, señor Presidente -contestó la funcionaria-. Hoy es más grave robarse un celular que entrar a un predio y destruirlo".  Entonces, el jefe del Estado procedió a instruir al entonces ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, para que iniciara con los congresistas un proceso de concertación con miras a una "necesaria reforma penal".

Según Luis Fernando Arias, secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ese día quedaron despejadas todas las dudas de los pueblos indígenas sobre la forma como el Gobierno enfrentaría el viejo problema de las tierras y su intención de "criminalizar sus aspiraciones y darle a un conflicto social un tratamiento reservado a los problemas de orden público".  Eso fue lo que sucedió con la reciente movilización, que empezó como una protesta pacífica de las comunidades indígenas del Cauca para reclamar del Estado la protección de los derechos humanos y la entrega de tierras prometidas, y que terminó en graves disturbios.

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