(El Espectadoir - Editorial)  A la marcha indígena que arrancó en Piendamó (Cauca) y va rumbo a Cali por la Vía Panamericana, sin bloquearla, y posiblemente siga hacia Bogotá si no hay acuerdo; el paro de corteros de caña que inició el pasado 15 de septiembre y sigue sin luces de solución, y el reciente y prolongado cese de actividades de la Rama Judicial que aún nos tiene en estado de conmoción interior y a la espera de nuevas negociaciones en marzo próximo, se une ahora el paro nacional convocado para este jueves por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al que se espera que se unan los educadores afiliados a Fecode, el sector de la salud y la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN).

Resulta una mera obviedad advertir el clima de tensión social que vive el país, justo cuando comienzan a asomar los efectos que la crisis financiera mundial tendrá sobre nuestra economía.

En ese ambiente de búsqueda de salidas para sobrellevar y disminuir el impacto de una ya anunciada recesión tras varios años de bonanza, no resulta ciertamente fácil para el Gobierno Nacional tramitar esta oleada de demandas, la mayoría de ellas producto del incumplimiento de acuerdos previos del Estado con quienes hoy protestan. Claro, quizás si la cosecha de los años precedentes se hubiera aprovechado para dar trámite a estos asuntos aplazados, otra podría ser la situación. Con todo, el hecho de que el momento no sea fácil para  asumir compromisos presupuestales no excusa que se haya tomado el camino de satanizar la protesta social y criminalizarla.

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