(El Espectador - Editorial)  Celebrábamos ayer en estas páginas el cambio diametral en el discurso oficial frente a la denuncia de la desaparición de 11 muchachos en Soacha y su aparición en cuestión de un día como bajas de guerrilleros en combate en Ocaña, el cual pasó de la elusión absoluta de la terrible realidad que se anunciaba detrás de esta revelación, a la paulatina aceptación de la existencia de una vergonzosa política de “falsos positivos” en áreas importantes de nuestro Ejército Nacional.

Ayer, esa aceptación, que aún sonaba a regañadientes, tomó forma de reacción enérgica al decidir el gobierno del presidente Álvaro Uribe el retiro de 27 militares, entre ellos tres generales y varios coroneles, por lo que se llamó “colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares”. Es decir, no solamente se estaban fabricando “falsos positivos”, sino que además se hacían en complicidad y para proteger a fuerzas ilegales, es de presumir, paramilitares y narcotraficantes. ¡Qué vergüenza!

Reacciones de todo corte generó ayer esta purga sin precedentes en nuestro Ejército Nacional. Algunas voces, muy emotivas, la calificaron de exagerada e inconveniente para la moral de la tropa cuando se están consiguiendo importantes resultados en la lucha contra el terror de las Farc, y defendieron a los hasta ayer efectivos comandantes de divisiones, brigadas y batallones que recuperaron la seguridad en muchas carreteras y zonas neurálgicas del país. Muy equivocadas reacciones —pero apenas explicables, dada la propaganda de la guerra al terrorismo en que vivimos— que demuestran lo poco efectivo que ha sido el mensaje de que en la política de seguridad democrática tienen la misma importancia la seguridad y su carácter democrático; quizá porque en realidad no la han tenido.

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