(Semana - Maria Paula Saffon) La inesperada decisión del Presidente de destituir a más de dos docenas de miembros del ejército, incluidos tres generales, por sus actuaciones (y omisiones) en relación con las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha es una medida importante para combatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Ese tipo de depuraciones de las instituciones estatales, y en particular de la fuerza pública, permiten separar de sus cargos a personas posiblemente involucradas en crímenes graves, cuya permanencia en tales cargos implicaría el grave riesgo de que esos crímenes continuaran cometiéndose.

Ello explica que medidas de ese estilo hayan sido adoptadas en otros lugares del mundo como mecanismo esencial de garantía de no repetición, como por ejemplo en Europa Oriental tras los regímenes comunistas. Y ello explica también que desde hace varios años muchas organizaciones de víctimas y de derechos humanos hayan defendido la importancia de implementar purgas de esa naturaleza en Colombia, en especial para enfrentar los nexos de los miembros del ejército con los paramilitares.

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