(El Espectador - Editorial) Lo que arrancó como una sospecha en torno al posible asesinato de jóvenes desaparecidos en Soacha y reportados como dados de baja en combate en Norte de Santander, ha ocasionado ya el llamado a calificar servicios de 27 oficiales, incluidos tres generales, y ahora la renuncia del general Mario Montoya.

Que se tomen acciones contundentes por esta flagrante violación de los derechos humanos es un hecho encomiable que comprueba que el Gobierno acepta que, más allá de unas “manzanas podridas”, la lucha contra la guerrilla terminó por impregnar la política de Seguridad Democrática de una serie de prácticas que, aun en guerra, ningún Estado realmente democrático se puede permitir.

Queda en discusión, por supuesto, hasta dónde llegarán las responsabilidades por esta macabra práctica, incluidas las políticas, si la lista de “descabezados” está completa ya con la caída del propio Comandante del Ejército y, más que nada, si la aplicación de justicia que todos estamos esperando servirá para cambiar de rumbo en la manera de enfrentar la guerra desde el lado institucional. En suma, si la aterradora realidad a la que nos hemos enfrentado va a servir de lección o no.

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