La iniciativa confirma un leve giro del Gobierno, pues renunció a la idea de convertir el consumo en un delito, una apuesta casi personal del presidente Álvaro Uribe, que lleva cuatro fracasos en el Congreso. Varios sectores rechazaron que el adicto fuera considerado delincuente.

Además, revive el debate que planteó la sentencia de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se cayó la sanción de arresto para los portadores de la dosis mínima, con el argumento del libre desarrollo de la personalidad.