(Por: Alfonso Gómez Méndez) La seguridad no puede lograrse a costa de las libertades públicas y los derechos humanos en un Estado democrático. No puede haber falsos positivos -que son asesinatos a sangre fría-, ni medir los éxitos por el número de cadáveres, ni "redadas milagrosas" como en Chinchiná, ni crímenes como el de Apartadó. La única batalla que no puede perder el Estado es la de la legitimidad. Hay que replantear la política de recompensas, que va en contravía del principio constitucional de la solidaridad del ciudadano con el Estado en la lucha contra la delincuencia. Vale la pena, sí, insistir en la exitosa política de estímulo a las deserciones, sin enviar equívocos mensajes de impunidad.