(Por: Rodrigo Uprimny) La propuesta gubernamental de reformar la Constitución para penalizar el consumo de sustancias sicoactivas es engañosa, desborda el ámbito legítimo de un Estado democrático y tendría efectos contraproducentes.

Es engañosa pues el Gobierno insiste en que no se trata de penalizar sino de brindar medidas terapéuticas y pedagógicas al consumidor. Pero lo cierto es que se crean unos tribunales, que podrán ordenar la privación de la libertad de cualquier persona que sea sorprendida con un cachito de marihuana, para que siga a la fuerza un tratamiento. Y eso es obviamente una pena, por más de que se la encubra con un lenguaje humanista.