El proceso para la posible extradición a Estados Unidos de la cúpula de la intervenida captadora de recursos DMG ya llegó a la Corte Suprema de Justicia. La celeridad con que avanzan estas gestiones prendió las alertas sobre el impacto que la posible entrega a la justicia norteamericana de los sindicados pueda tener no sólo sobre el difícil objetivo de encontrar los miles de millones de pesos invertidos por los incautos ‘inversionistas’ sino respecto de los procesos penales y disciplinarios que están en marcha para develar los nexos de la controvertida empresa con gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios públicos, incluso de la cúpula gubernamental.