Un total de 205.162 personas, hasta el momento, esperan un resarcimiento económico por la victimización que les generó la violencia.

De esa misma cifra, hay 161.038 víctimas que reclama por el crimen de algún familiar a manos de un grupo irregular.

Uno de esos casos es el de Maria Antonia (*). El 26 de septiembre de 2001, miembros de las autodefensas mataron en Montería a su esposo, un dirigente del sindicato de maestros de Córdoba. Ella quedó viuda con tres hijos.