(Por: Iván Cepeda Castro) Uno de los aspectos más avanzados de la histórica sentencia proferida por la Corte Suprema de Perú contra Alberto Fujimori es que reconoce expresamente la ejecución de crímenes de Estado que se explican “a partir de la configuración de un aparato de poder organizado en cuya cúspide se encontraba el acusado como jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Amadas y Policía Nacional”.

A pesar de que la criminalidad estatal como parte del ejercicio del poder político ha sido un hecho frecuente en la historia, son pocos los fallos judiciales en los que se demuestra la existencia de este fenómeno. Regularmente la tesis de la conformación del Estado, o de dependencias estatales, en sistemas de terror es concebida como algo inverosímil. La denuncia sobre el diseño de planes por altos funcionarios de gobierno, e incluso por el propio jefe de Estado, cuyo propósito es la eliminación de ciudadanos, es vista como una ficción ideológica que pretende deslegitimar el poder soberano. En situaciones de violaciones generalizadas de derechos humanos la sospecha de que los máximos autores de los ilícitos están en la cima del poder es tratada como un desvarío, o como una peligrosa acusación cuyos autores deben ser reprimidos.