El rastreo ilegal a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia empezó por los mismos días en que estalló el escándalo de la parapolítica. Caía el telón del año 2006, el presidente Uribe apenas arrancaba su segundo gobierno y al alboroto de las primeras capturas de congresistas no demoró en atravesarse el argumento para tratar de desprestigiar a los magistrados del alto tribunal: sus relaciones sociales con el empresario italiano Giorgio Sale, por esos mismos días capturado por el delito de narcotráfico.