(Por: Arlene B. Tickner) [...] Salvo de nombre, la política de seguridad democrática a la colombiana no guarda relación ninguna con su homólogo suramericano, sino que parece hecha del mismo molde que la doctrina (antidemocrática) de la Seguridad Nacional. No sólo parte de una concepción militarizada de la seguridad, basada en el uso del poder coercitivo del Estado como único recurso para garantizar la gobernabilidad, sino que tiene un componente mesiánico que da un sentido imperativo a su implementación, en especial ante la amenaza planteada por el “terrorismo”. Un modelo de seguridad que ha originado prácticas como los falsos positivos y las “chuzadas”, que legitima el señalamiento de sus críticos como “enemigos” de la seguridad y “amigos” del terrorismo, y que justifica incluso el sacrificio de la institucionalidad democrática, difícilmente amerita el nombre que se le ha dado.