Aquella vieja premisa maquiavélica según la cual “en política todo se vale” sin duda alguna parece ser la tabla rasa del accionar gubernamental. Un ejemplo de ello se evidencia en los bandazos que ha dado frente a los tres proyectos de referendo que cursan en el Congreso. Pese a que todos son de iniciativa popular, las movidas de la Casa de Nariño y el grueso de su coalición se han dirigido a empujar, sin importar todos los vicios y falencias que lo rodean y que deberían determinar objetivamente su inviabilidad constitucional, sólo aquel que abre la puerta a la perpetuación en el poder del actual mandatario. Los otros dos proyectos, es decir, el que propone imponer cadena perpetua a los responsables de delitos atroces contra menores de edad y el que plantea elevar el estatus del derecho público al agua, no sólo nunca contaron con el visto bueno de la Administración, sino que, incluso, cuando las respectivas iniciativas llegaron al Parlamento, de inmediato hubo un alud de críticas de ministros y bancadas uribistas, al tiempo que se anunciaron sendos proyectos de ley y reforma constitucional para reglar esas materias pero sin necesidad de acudir a las urnas.