Un Congreso como el actual, sin duda el más deslegitimado de los últimos años, y que carga el pesado lastre de que más de sesenta de sus integrantes -entre elegidos en marzo de 2006 y no elegidos pero que luego obtuvieron curul- están bajo investigación o incluso ya condenados por alianzas con grupos ilegales, difícilmente podía tramitar un proyecto de reforma política distinto al que está pendiente de último debate esta semana en la plenaria del Senado. Por ello, lamentablemente, la opinión pública no se ha sorprendido frente al alud de críticas que desde distintos sectores nacionales caen sobre la controvertida iniciativa.