(ICG) El gobierno de Colombia debe afrontar con urgencia los abusos contra los derechos humanos con el fin de fortalecer su política de seguridad y consolidar una paz duradera para el país.

El dúo virtuoso: proteger los derechos humanos y mejorar la seguridad en Colombia*, el más reciente boletín informativo de International Crisis Group, examina los logros en materia de seguridad en siete años de gobierno de Uribe y advierte que se requieren medidas inmediatas para afrontar los problemas de derechos humanos. El gobierno aduce que el respeto por los derechos humanos ha mejorado con su “política de seguridad democrática”, pese a lo cual persisten, y en algunos casos incluso han aumentado, los abusos serios, así como las violaciones del derecho internacional humanitario.

“El gobierno de Uribe promueve una visión optimista de Colombia a punto de superar su conflicto interno, pero el conflicto está evolucionando, no llegando a su fin”, dice Mauricio Ángel Morales, analista senior de Crisis Group. “Debe comprometerse mucho más a fondo con la protección de los derechos humanos, sobre todo para preservar y expandir los logros en materia de seguridad”.

El gobierno de Uribe ha concentrado sus esfuerzos en la lucha militar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares y nuevos grupos armados ilegales (NGAI), todos responsables de múltiples atrocidades contra los civiles. Sin embargo, el desplazamiento forzado y la violencia contra sectores vulnerables, como las minorías étnicas y las mujeres, siguen siendo prácticas generalizadas. Los NGAI, a veces con la aquiescencia de miembros de los organismos de seguridad y algunos funcionarios gubernamentales, han incrementado la intimidación y la violencia contra la población civil; el sistema de alerta temprana del gobierno para prevenir abusos es ineficiente; y el lento sistema de justicia es un factor de disuasión ineficaz.

En un intento por poner fin a las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, sobre todo contra la población rural y urbana pobre, el gobierno expidió una política de derechos humanos, reforzó la capacitación de los miembros de los organismos de seguridad en esta materia y ha tomado otras medidas, entre ellas responsabilizar a oficiales militares involucrados en asesinatos extrajudiciales de civiles inocentes. Estos son pasos iniciales importantes, pero a las fuerzas de seguridad todavía les queda un largo trecho por recorrer en lo que respecta a la rendición de cuentas, el profesionalismo y el compromiso pleno con los derechos humanos.

El gobierno y la comunidad de derechos humanos tienen que superar su desconfianza mutua por la vía del diálogo y de las acciones concretas, empezando por poner fin a los intentos de los funcionarios oficiales de vincular a las organizaciones de derechos humanos con la guerrilla. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea deben promover activamente el acercamiento entre las fuerzas de seguridad y los defensores de los derechos humanos.

“Las prioridades del gobierno y de los defensores de los derechos humanos no son mutuamente excluyentes sino que más bien se refuerzan”, dice Markus Schultze-Kraft, director para América Latina de Crisis Group. “La terminación del conflicto armado exige con urgencia una seguridad fortalecida que respete plenamente los derechos fundamentales de los colombianos”.